Donald Trump es el asunto estrella del año en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aunque ya hay varios casos que le afectan de forma directa o indirecta, el recurso presentado ahora por el expresidente definirá el futuro electoral de Estados Unidos. Trump ha recurrido ante los jueces su exclusión de las papeletas electorales en las primarias de Colorado, una decisión tomada también en Maine y que podría ser replicada por otros estados. Hay más de una treintena en los que su participación está impugnada. Los nueve magistrados que se sitúan en la cúspide del sistema judicial estadounidense tendrán que decidir si debe dejarse a Trump al margen de las elecciones por haber participado en una insurrección.
La presentación del recurso se daba por segura. El expresidente y ahora candidato tenía de plazo hasta este jueves 4 de enero para acudir al Supremo, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis jueces, tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia. El recurso se suma a otro presentado por el Partido Republicano de Colorado. Llega además al día siguiente de otro presentado por Trump ante el Tribunal Superior de Maine contra su exclusión en las primarias de dicho estado. En ambos Estados las primarias se celebran el próximo 5 de marzo, el conocido como Supermartes, la fecha en que se eligen más de un tercio de los delegados que designarán al candidato presidencial republicano.
El Tribunal Supremo de Colorado decidió por cuatro votos a tres que a Trump se le debía aplicar la sección tercera de la 14ª enmienda, declarándole inelegible para un cargo público, el de presidente, y que, por tanto, su nombre no debería figurar en las papeletas de las elecciones primarias de cara a las presidenciales del 5 de noviembre de 2024.
Dicha disposición reza: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. Añade que ese veto podrá ser levantado por el Congreso por medio del voto de dos terceras partes de cada Cámara. Es una enmienda aprobada en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil, que pretendía impedir que los rebeldes confederados ocupasen posiciones de poder.
El recurso de 43 páginas elevado al Supremo comparte los argumentos del presentado ante el Tribunal Superior de Maine. Los recursos ante el Alto Tribunal se formulan como preguntas y en este caso la cuestión es directa: “¿Se equivocó el Tribunal Supremo de Colorado al ordenar excluir al presidente Trump de las presidenciales de 2024?”.
“En nuestro sistema de ‘gobierno del pueblo, por el pueblo, [y] para el pueblo’, el fallo de Colorado no es ni puede ser correcto. Este Tribunal debe admitir el recurso para considerar esta cuestión de suma importancia, revocar sumariamente la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por el candidato de su elección”, dice el escrito.
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“La cuestión de la elegibilidad para servir como presidente de los Estados Unidos está debidamente reservada al Congreso, no a los tribunales estatales, para considerar y decidir. Al considerar la cuestión de la elegibilidad del presidente Trump y excluirlo de la votación, el Tribunal Supremo de Colorado se arrogó la autoridad del Congreso”, argumentan los abogados.
El recurso dice que el tribunal de Colorado se equivocó en cómo describió el papel del presidente Trump en los acontecimientos del 6 de enero de 2021. “No fue una ‘insurrección’ y el presidente Trump de ninguna manera ‘participó’ en una ‘insurrección”, señala.
Los abogados de Trump consideran que la 14ª enmienda prohíbe a ciertas personas “ocupar cargos específicos, [pero] no que se presenten a ellos ni que sean elegidas para ellos”. También señalan que no se puede aplicar al expresidente porque no se cita expresamente ese cargo en la norma. Señalan que se enumeran cargos en orden descendente, desde senador hasta cualquier cargo civil o militar, pero sin nombrar al inquilino de la Casa Blanca. Que se cite expresamente el cargo de electores o delegados que votan al presidente, pero no se mencione al presidente y que se quiera incluir a este como cualquier “cargo civil” desafía el sentido común, argumentan.
Además, se aplica a quien hayan participado en una insurrección siendo “funcionario de los Estados Unidos”, un término que, según su interpretación, no se aplica al presidente. Señalan que esa expresión aparece en otras tres disposiciones constitucionales y en todas ellas se excluye al presidente de esa frase. Curiosamente, en el caso de fraude de Nueva York, los abogados del expresidente decían que debía trasladarse a un juzgado federal porque Trump era “funcionario de Estados Unidos” y la Fiscalía sostuvo, con éxito, lo contrario.
Otro de los argumentos del equipo legal de Trump es que al asumir su cargo no prestó “juramento de apoyar la Constitución”, sino que el juramento del presidente es de “preservar, proteger y defender” la Constitución.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
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