Dom. May 19th, 2024

Ha pasado un año del ataque que la junta militar que gobierna Myanmar desde febrero de 2021 perpetró contra un acto de la oposición, y todavía nadie puede dar una cifra exacta del número de muertos. Medios locales cifraron entonces entre 50 y 100 los fallecidos en el bombardeo del Ejército, el enésimo clavo en el ataúd de un país que en su día fue una de las economías emergentes con más rápido crecimiento de la región. Pero desde el golpe militar de 2021 se abisma en una crisis poliédrica, bajo el lastre de la pandemia, un aumento de la pobreza y con la represión y el éxodo de la minoría musulmana rohinyá como telón de fondo. Ejemplo por antonomasia de conflicto olvidado, Myanmar es la más violenta de las 50 guerras que rastrea el Proyecto de Datos sobre Localizaciones y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) en todo el mundo, con una cifra estimada de al menos 50.000 muertos desde el golpe hace tres años, incluidos al menos 8.000 civiles.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado este jueves en Nueva York resume gráficamente el impacto de esta sangría en la antigua Birmania: el 50% de su clase media ha desaparecido desde 2021, mientras que la pobreza va en aumento en un contexto de inseguridad y conflicto, dominado por la persecución de los rohinyás, la minoría musulmana perseguida por la mayoría budista en el poder desde 2017, calificada como un “intento de genocidio” por la ONU.

Desde la toma del poder por los militares, el 76% de la población, de 54,7 millones de habitantes, vive por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de caer en ella. Algunos eluden el peligro y logran obtener ingresos para garantizarse una mínima subsistencia, pero un 49,7% no lo consiguió en 2023, una tasa de pobreza que casi duplica a la de 2017 (24,78%). En este trienio, las inversiones extranjeras directas se han desplomado, señala el informe, titulado Pobreza y economía doméstica en Myanmar: la desaparición de la clase media.

La economía no se ha recuperado desde la grave contracción del 17,9% del PIB en 2021, como consecuencia de la pandemia. El informe del PNUD estima que se necesitarían 4.000 millones de dólares (más de 3.700 millones de euros) al año para abordar eficazmente el aumento de la pobreza. Pero la inversión extranjera directa, síntoma habitual de confianza en un país, no alcanzó siquiera los 2.000 millones de dólares en 2021, frente a los 5.000 millones de 2017, bajo el anterior Gobierno militar. Nada que ver con otros países de la región, como Vietnam ―pese a sus recientes sacudidas políticas― o Sri Lanka, destinos preferentes y ávidos de capital chino.

“Los nuevos datos muestran que menos del 25% de la población de Myanmar consigue asegurarse unos ingresos estables para vivir por encima del umbral de pobreza. Sin intervenciones inmediatas para proporcionar transferencias de efectivo, seguridad alimentaria y acceso a los servicios básicos, la vulnerabilidad seguirá creciendo, y las repercusiones se dejarán sentir de generación en generación”, señala Achim Steiner, administrador del PNUD.

Por si la economía no se resintiese bastante, el Gobierno militar ha decidido aplicar una ley de 2010 por la que todos los hombres de entre 18 y 35 años y las mujeres de entre 18 y 27 años deben prestar servicio durante un máximo de dos años en el Ejército, mientras que determinados especialistas, como los médicos de hasta 45 años, deberán hacerlo durante tres.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

El drenaje que esto supone para el tejido productivo del país es sustancial: 14 millones de personas están sujetas al servicio militar obligatorio, en un país que llamaba a filas a unas 60.000 al año. Son carne de cañón para la cruenta campaña contra las minorías, pero también un agujero en la mano de obra necesaria para levantar un país apuntalado por la ayuda exterior. En lo que va de año, la UE ha asignado 19,2 millones de euros en ayuda humanitaria, la mayor parte para los desplazados internos. Desde que en 2017 empezó la represión sistemática de los rohinyás, Washington ha destinado al país asiático más de 2.000 millones de dólares.

Las disparidades regionales internas agravan aún más la crisis a la vez que cartografían el conflicto armado. Las zonas donde se registran combates, pero también asesinatos, detenciones y torturas, como Kayah, Chin y Sagaing, muestran los niveles de pobreza más elevados. La ofensiva se ha intensificado desde octubre, especialmente en Kayah, con la renta per cápita más baja del país, y en Rakhine, en su día epicentro del conflicto, privado prácticamente de ayuda exterior. El paso del ciclón Mocha, hace ahora un año, remató el declive.

“Estos datos alarmantes muestran cuán lejos llega el impacto combinado del conflicto y la crisis económica, de ahí que el apoyo tenga que llegar a todas las comunidades vulnerables estén donde estén”, afirmó Kanni Wignaraja, directora regional del PNUD para Asia y el Pacífico, en la presentación del informe. “Myanmar ya ha perdido una década o más de inversiones en desarrollo humano y capacidades (…). El impacto sobre el desarrollo será intergeneracional”, recuerda el texto.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

_