Los presos de Ecuador están pasando hambre. La empresa que alimentaba a 11.000 internos de 20 cárceles ha abandonado las cocinas de las prisiones por una deuda del Gobierno de Daniel Noboa de 30 millones de dólares que todavía no ha sido saldada. Ese monto también incluye la comida escolar de un millón y medio de niños. La primera alerta de que los presos no estaban recibiendo la comida fue el 26 de abril. El Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad, SNAI, negó a través de un boletín en redes sociales que se hubiese suspendido la alimentación y aseguró que habían “garantizado el servicio con normalidad”, según informaron en un escueto comunicado. Después de la emisión de ese documento guardaron silencio. Una semana después, el presidente Noboa escribió en la red social X, sin dar mayores detalles: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”. La crisis, sin embargo, no ha sido atajada y los familiares de los presos se agolpan en la puerta de la Penitenciaría del Litoral, situada en Guayaquil, por miedo a que los suyos mueran de hambre.

La situación de los internos se agrava por las continuas denuncias de maltrato que las organizaciones de derechos humanos están documentando desde que Noboa decretó el estado de conmoción interno y permitió la entrada de los militares en las prisiones. Los tíos, las hermanas, las madres, las abuelas han acudido este viernes con globos blancos con mensajes como “No al maltrato” y fotografías en carteles gigantes de los cuerpos heridos y ensangrentados de los presos. El familiar de Araceli está recluido en la cárcel de Latacunga y el relato es similar: “No hay comida, no hay medicinas, los están maltratando. No estoy de acuerdo que los militares hagan eso, ellos ya están pagando por sus delitos. El presidente está haciendo mal”, dice la mujer.

En algunas cárceles, el SNAI ha permitido que los familiares lleven la comida a los presos. Para eso, se han organizado en los barrios para recoger donaciones de familiares, vecinos y amigos. “A nosotros ya no nos alcanza el dinero y nos tenemos que apoyar en las personas”, dice Araceli. El juez falló a favor de los presos y ordenó que en 15 días el Ministerio de Finanzas entregue los fondos al SNAI para que pueda garantizar la alimentación de los presos. “El SNAI no tendrá excusa para solucionar este problema y tendrá que gestionar con donaciones, instituciones públicas y privadas la comida de los presos”, explica Fernando Bastias, del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH).

Esa organización ha recibido cerca de 105 denuncias sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes desde hace cuatro meses, cuando entró en vigor el estado de excepción. La mayoría de las acusaciones provienen de la Penitenciaría del Litoral. Todas coinciden en que los presos están incomunicados de sus familiares y que requerían de atención médica resultado de heridas causadas por golpes o por alguna enfermedad preexistente. Una de las prácticas de tortura que ha identificado el CDH es también a través de la alimentación. “Las Fuerzas Armadas retienen el alimento, dejan que se pudra y de ahí se las dan a las personas privadas de libertad”, añade Bastias. Las denuncias también detallan que “los militares les dan la comida, los obligan a comer en un minuto, mientras les echan gas”, añade.

El Gobierno asegura que envió una notitia criminis a la Fiscalía por un informe “secreto”, del Centro de Inteligencia Estratégica, en el que revela presuntos actos ilícitos de carácter penal en la que estaría implicada la empresa Lafattoria S.A, el proveedor de alimentos de las 20 cárceles. “Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este Gobierno que, al fin, los llama por lo que son: narcopolíticos”, dijo Noboa. El representante legal de la empresa le respondió también en X al mandatario diciéndole que le han dado información errada, y que “parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares”. Además, dijo que “la insinuación de corrupción sin evidencia constituye una difamación”. Asegura que su empresa ha sido auditada por la Contraloría del Estado y reporta a la Unidad de Análisis Financiero contra el lavado de activos.

El Gobierno realiza esta denuncia seis meses después de haber llegado al poder y sin una solución al problema. Mientras tanto, familiares de los presos presionan al Estado con una protesta en las calles para que solucione el servicio de alimentos en las cárceles. Un grupo de personas salió a manifestarse en los exteriores del Consejo de la Judicatura en Quito, donde se realizaba una audiencia de solicitud de medidas cautelares por falta de alimentación en las prisiones que realizó el CDH.

El ambiente está enrarecido y envenenado. Hay una preocupación evidente. Sandra mira un vídeo que resulta la última prueba de vida de su hijo recluido en el Litoral. En la imagen el joven está sentado en el piso de su celda con una crisis de asfixia. Otro preso sostiene su cabeza para que intente respirar mientras un tercero lo graba. El vídeo lo recibió hace una semana y es de las pocas evidencias que tiene de que su hijo sigue vivo. Los familiares de los presos poco saben de lo que ocurre dentro de los muros de las cárceles desde enero, cuando Daniel Noboa firmó un decreto de conflicto armado interno para que los militares entrasen a las cárceles del país. Desde entonces las visitas están prohibidas. Luis, el hijo de Sandra, tiene 21 años y está recluido desde hace tres años en esa cárcel en la que han ocurrido cerca de una decena de masacres carcelarias. Pero su madre no está segura de que sobreviva a las torturas a las que está siendo sometido. “El día que se grabó ese vídeo, habíamos pedido un habeas corpus para que reciba atención médica y los militares fueron a buscarlo a la celda para torturarlo con gas”, relata la madre, mientras mira el vídeo en el que su hijo balbuceaba que se iba a morir.

El cuerpo de Sandra tiembla contenida de la preocupación y la rabia al ver las imágenes, y rompe a llorar para decir que Luis sufre de asma y que lo ha visto mucho más delgado. “Él era gordito”, asegura, y en el vídeo se ve a un muchacho delgado, con el rostro marcado por los huesos y los ojos hundidos. “Sabemos que no les están entregando las tres comidas”, dice Sandra y junto ella se quejan en coro otras mujeres que están en la puerta de la penitenciaría con una bolsa transparente con medicamentos en un intento de tener información sobre sus hijos, esposos o hermanos. Pero en la puerta los encargados de la cárcel guardan silencio.

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