Vie. May 24th, 2024

La Unión Europea va cambiando el relato sobre Siria para considerarlo un país seguro, una ventana legal que permitiría la devolución de cientos de miles de refugiados sirios a un país que ha entrado en su 14º año de guerra civil y donde el 70% de la población depende de la ayuda humanitaria. Siria es considerado un país no seguro por Naciones Unidas y la UE, pero algunos Estados miembros, como Chipre, presionan para el cambio ante el aumento de llegadas de sirios a su territorio.

Bruselas estudia fórmulas “estructuradas” para el retorno “voluntario” de solicitantes de asilo sirios, como ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este jueves en Líbano. La UE ha extendido a Líbano, que formará parte de ese diálogo para las devoluciones, su política de pactos migratorios con un paquete de asistencia financiera de 1.000 millones de euros a cambio de que colabore para frenar las salidas a territorio comunitario. En el pequeño país árabe, al borde del colapso económico y donde se teme que se extienda el conflicto de Israel en Gaza, más de una cuarta parte de sus 5,5 millones de habitantes son refugiados sirios.

“Para ayudar [a Líbano] en la gestión de la migración, nos comprometemos a mantener vías legales abiertas a Europa y reasentar a los refugiados de Líbano en la Unión Europea”, ha dicho este jueves Von der Leyen al anunciar el acuerdo, adelantado por EL PAÍS. “Al mismo tiempo, contamos con su buena cooperación para prevenir la migración ilegal y combatir el tráfico de migrantes”, ha remarcado la jefa del Ejecutivo comunitario, que ha visitado el país árabe con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides. Juntos, se han reunido con el primer ministro libanés, Najib Mikati.

En una comparecencia con los dos mandatarios, Von der Leyen ha hablado de facilitar ese “enfoque más estructurado para los retornos voluntarios”. Sus palabras han causado gran inquietud en las organizaciones de derechos humanos. Para Human Rights Watch (HRW) son “alarmantes, negligentes y angustiosas”, según describe por teléfono Nadia Hardman, abogada y experta en refugio y migraciones de HRW. “Von der Leyen se ha referido a ciertas zonas seguras dentro de Siria. No hay tal cosa. Pero, sobre todo, no hay un seguimiento de lo que les sucede a los sirios cuando regresan. Esta es la pieza maestra que falta para poder realmente evaluar lo que les sucede a los refugiados porque es imposible mantener un acceso abierto, libre y no vigilado de las personas que están dentro de Siria”, asevera Hardman. HRW, Amnistía Internacional y otras seis organizaciones en defensa de los derechos humanos han emitido este jueves un comunicado condenando las declaraciones de Von der Leyen.

El último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, dependiente de la ONU, fechado el 5 de abril, insiste: “Siria sigue siendo insegura para el retorno, y la población civil continua viéndose afectada por la falta de Estado de derecho y por la inseguridad reinante”.

Dinamarca fue el primer país europeo que decidió estudiar la retirada de los permisos de residencia a refugiados procedentes de Siria, alegando que en el país existen esas áreas “seguras” donde los sirios pueden establecerse: en 2021 lo dijo de Damasco y alrededores, y en 2023 añadió las ciudades de Latakia y Tartus. Suecia le siguió, aunque este país solo aplica esta decisión a las nuevas llegadas y no lo hace con carácter retroactivo, como sí hace su vecino.

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El último en comulgar con esta idea ha sido Chipre, que ha visto en los últimos meses un incremento de las llegadas irregulares de sirios procedentes de Líbano a través del Mediterráneo: 2.000 en lo que va de 2024, frente a los 78 del mismo periodo del año anterior. “Esta no es la manera de abordar la protección de los refugiados sirios. Líbano ha absorbido a la mayoría de ellos y, definitivamente, esa carga debería ser compartida, pero la respuesta de la UE no debería ser dar dinero a Líbano para mantener a la gente allí, especialmente cuando este país continúa deportando personas y haciéndoles la vida imposible”, dice la abogada.

Retornos rara vez voluntarios

Un portavoz del Ejecutivo comunitario ha precisado que ese diálogo para los retornos voluntarios se haría en cooperación con la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). Una portavoz de esta agencia de la ONU ha indicado a este periódico que no están promoviendo el regreso a Siria y recuerda que los Estados deben respetar el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra de 1951. “Esos retornos rara vez son voluntarios. La abrumadora mayoría de los refugiados en Líbano no quiere regresar a Siria. Todavía temen la inseguridad y la persecución por parte del régimen de Al Asad”, agrega Hardman. Los últimos datos disponibles de esta agencia de la ONU indican que unos 391.000 sirios han decidido regresar a su país de origen desde 2016, frente a los casi 8,5 millones que se encuentran expatriados.

Con el acuerdo con Líbano anunciado por Von der Leyen este jueves —un millón de euros hasta 2027 al que se espera sumar varios cientos más en las próximas semanas de distintos paquetes—, la UE apuntala su modelo de externalizar la gestión migratoria: pagar a terceros países para que controlen las fronteras e impidan las salidas hacia territorio comunitario. Es el modelo, aunque con matices, acordado con Túnez (900 millones), Egipto (7.400 millones) y Mauritania (200 millones; 500 contando con la aportación de España).

En el caso de Líbano, donde viven 1,5 millones de refugiados sirios, dos tercios de esa ayuda económica (en forma de subvenciones) irá para apoyar a los sirios y otros grupos vulnerables a través de programas diversos, y el resto a programas de sostén de los servicios de seguridad, como las Fuerzas Armadas de Líbano. Además, la UE quiere que el país árabe concrete un acuerdo con la agencia de fronteras de la UE (Frontex). La experta de HRW recuerda que las Fuerzas Armadas Libanesas han sido acusadas repetidamente de realizar deportaciones sumarias y devoluciones ilegales a Siria. “También sabemos que Frontex ha sido cómplice de abusos contra los derechos humanos contra refugiados, migrantes y solicitantes de asilo”, agrega.

Entre otras razones, fomentar el retorno voluntario es ventajoso para la UE por una cuestión económica. En 2021, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo calculó que un retorno voluntario costaba 560 euros, mientras que uno forzoso costaba alrededor de 3.400 euros, porque a los gastos de viaje, la asistencia en efectivo hay que añadir costes adicionales como el internamiento previo a la expulsión y los escoltas, entre otros.

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