A los científicos no les ha gustado la propuesta de la Seguridad Social para comprar periodos de prácticas no remuneradas y convertirlos en cotizados para que sumen en el cómputo de jubilación. El ministerio de Elma Saiz ha aprobado una orden que posibilita a todo el que haya sido becario sin cobrar abonar unos 290 euros por mes para que cuente de cara al retiro. Los científicos han protestado ante esta política porque para ellos son habituales periodos muy largos de prácticas no remuneradas, normalmente a cuenta de instituciones públicas. Ante este rechazo, la Seguridad Social está dispuesta a mover ficha. La ministra ha anunciado que se reunirá el martes que viene con la Confederación de Sociedades Científicas de España para escucharles. Fuentes del ministerio indican que puede haber algunos cambios que mejoren algo la situación de este colectivo, pero a la vez certifican que en todos los escenarios habrá que pagar la cotización.
“El ministerio nunca toma decisiones de forma unilateral. Por eso quiero anunciar que se ha convocado a la comunidad científica mediante sus representantes para hacer esa escucha, para algo que está vivo”, ha indicado este miércoles Saiz. En su ministerio ven margen para introducir mejoras en la aplicación de este derecho para los científicos, dada sus particularidades, pero a la vez creen que no se puede permitir la incorporación de periodos sin abonar alguna cuantía. Esto sentaría un precedente que serviría como argumento para otros muchos grupos que han trabajado y no han cotizado durante esos periodos como los empleados del régimen general. Este debate se da en un contexto de estrés para las cuentas de la Seguridad Social, dado el envejecimiento de la población y el acelerón en el número de pensionistas.
Saiz ha aprovechado para reivindicar esta opción voluntaria para los becarios pasados, que se suma a la cotización bonificada al 95% desde el 1 de enero (a cuenta de la Seguridad Social) para los becarios no remunerados presentes. “Que el dedo no tape la luna. Estamos hablando de algo absolutamente excepcional, después de un trabajo de meses que emana del diálogo social. Se abre una ventana excepcional para que personas que en los años 90 fueron becarios y no existía la posibilidad de cotizar lo hagan en 2024″, ha comentado la ministra. La orden especifica que se pueden comprar hasta cinco años de cotización, un escenario que costaría unos 17.000 euros. A alguien que fuera becario durante seis meses y quiera incorporarlo a su cómputo le costaría unos 1.700.
Cientos de afectados, organizados en la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID), publicaron un contundente manifiesto el domingo: “No se ha tenido en cuenta nuestra idiosincrasia: en primer lugar, no éramos meros estudiantes, sino que éramos personal altamente cualificado ya trabajando”, critican los firmantes. Los afectados lamentan que el nuevo convenio utilice la base mínima de cotización para la jubilación del régimen de 2024, en lugar de la vigente en el año en que se realizó la beca. “Esto supondrá pagar 3.456 euros por cada año de cotización rescatado, una cifra desorbitada teniendo en cuenta la escasa cuantía de las becas disfrutadas”, explican.
El sindicato UGT también ha criticado la medida: “Condicionar el reconocimiento de estos periodos al pago de una cantidad por parte de la persona afectada, da lugar a una perversión del sistema de pensiones y limita su uso para tan solo unas pocas personas, las que puedan asumir el coste”. CC OO reconoce como una “buena noticia” la puesta en marcha de esta medida, “si bien de forma no exenta de controversia”. El sindicato critica que la base de cotización sobre la que girará el convenio especial será la mínima de 2024 y no la del período en que se realizaron las prácticas: “Esto implica un incremento muy notable de la cuota a satisfacer, sin que tenga un impacto equivalente en la base reguladora de la pensión”.
Desde el Ministerio de Seguridad Social recuerdan que estas cotizaciones abonadas serán deducibles: “Tendrán el tratamiento de gastos fiscalmente deducible de los rendimientos del trabajo, pudiendo resultar el rendimiento neto negativo, si el contribuyente no obtiene por este concepto ingresos íntegros que superen las cuotas abonadas”. En CC OO creen que esto “limita” el golpe del pago, “pero no evita el efecto señalado”.
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