El grupo jurídico liderado por la abogada Odila Castillo Bonilla publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han circulado últimamente en diferentes plataformas de comunicación en Panamá.
La defensa consideró estas divulgaciones como agresiones intencionadas, impulsadas por intereses económicos específicos y concebidas con el propósito de perjudicar tanto la imagen profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que no hay base y que se han infringido derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, manifestó que las acusaciones no tienen sustento y pretenden obstaculizar la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estos ataques se encuentran intereses económicos encubiertos que buscan aprovecharse del deterioro de la imagen de Castillo.
La defensa enfatizó que este no es el primer asalto mediático que enfrenta la abogada. Rememoraron un incidente similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta arresto de Castillo, noticia que fue rectificada más tarde.
Datos incompletos y quebranto de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «verdades a medias», alteradas con el objetivo de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Además, denunciaron que la información difundida transgrede los principios de confidencialidad, ya que una parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha concluido.
Además, se hicieron públicos datos sensibles como movimientos migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Seguimiento ilegítimo y procedimientos legales en marcha
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente violación a su privacidad y un tipo de vigilancia ilegal. Carrillo sostuvo que se han menoscabado los derechos fundamentales de su representada, respaldados por la Constitución y las leyes de Panamá.
Anunció que se iniciarán todas las acciones legales requeridas para establecer la responsabilidad por los perjuicios ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El grupo jurídico se presenta decidido en su objetivo de proteger a Castillo y presentar ante la justicia a los implicados en esta campaña de descredito.