Vie. May 24th, 2024

El ajetreo en casa de Manuela comienza temprano. Su hija de 10 años asiste al colegio mientras su marido acude a la rotonda de Plaza Elíptica, entre los distritos madrileños de Usera y Carabanchel, para ponerse a la cola e intentar que uno de los empresarios allí presentes le dé un trabajo de electricista por días. Son ecuatorianos y llevan dos años en España a la espera de poder regularizar su situación. Viven los tres en una habitación de un piso compartido con dos parejas más. La mujer de 30 años, que prefiere dar un nombre ficticio para proteger a su familia, intenta trabajar por horas de limpiadora para al menos reunir entre ella y su marido 600 euros mensuales. Cuando los consiguen, el precio de su alojamiento se lleva el 80% del dinero recabado. Si de los ingresos se dedujeran los gastos de la vivienda, 780.000 menores más quedarían en situación de vulnerabilidad en España, incrementando la tasa de pobreza infantil del 28,9% al 38,6%, lo equivalente a más de tres millones de niños. Así lo revela el último informe de Unicef Yo también vivo aquí, publicado la semana pasada.

El mayor miedo de Belén, de 44 años y que prefiere no facilitar su apellido, es quedarse en la calle. Forma una familia monomarental con sus dos hijos de cinco y seis años. Es licenciada en Filología Hispánica y tiene un máster de enseñanza. “Encadeno trabajos temporales, estuve siete meses con seis contratos diferentes en una academia privada”, cuenta. Le encantaría opositar, pero no tiene tiempo: “Llevo tres vidas, la mía y la de dos personas más”. El último día que trabajó fue el 12 de enero, desde entonces no la han vuelto a llamar, pero la mensualidad del pago de la hipoteca le sigue llegando cada mes. “Hace un año y medio tenía que pagar 700 euros, ahora 1.122 porque es variable”, explica preocupada, ya que su exmarido no aporta la parte que le corresponde.

Vivía en Ghana y su situación económica era estable, pero tras separarse, se vio obligada a regresar a Madrid. La inversión de la casa la realizó cuando aún no estaba divorciada y fue una decisión tomada conjuntamente con el padre de sus hijos. Ahora, Belén recibe una ayuda por ser emigrante retornada de 480 euros mensuales, pero la mayoría de las facturas se las paga su madre, que cobra la pensión mínima. “Pierde billetes de 50 euros por mi casa a menudo”, dice sonriendo, pero con una mirada triste. Sus hermanas aparecen a comer con cinco bolsas del supermercado. “No está bien ser la eterna ayudada”, lamenta.

Datos del INE del segundo trimestre de 2023 indican un crecimiento del 46,6% en los precios de la vivienda en propiedad desde 2015, que asciende hasta el 65,3% cuando la residencia es nueva. Por otra parte, los hogares con niños son el 33,5% del total de viviendas en España, pero el 59% de los que están en alquiler. Muchos padres no pueden permitirse una hipoteca. El precio de los alquileres aumentó un 49,3% entre 2014 y 2019 y el gasto en servicios públicos por hogar un 7,9%. Sin embargo, los salarios medios solo se incrementaron un 9,1%, según recoge en su estudio Unicef.

“La tasa de pobreza infantil en nuestro país es ya muy elevada, la más alta de la Unión Europea”, recuerda el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera. La escasez de vivienda pública, que representa el 2,5% del parque total de hogares frente al 9,3% de media en la UE, lleva a muchos menores españoles a vivir en situaciones muy precarias. Más de medio millón de niños sufren carencia severa en el hogar. Un 21,4% de los menores vive con goteras o humedades y un 10,6% en casas demasiado oscuras, lo que sitúa a España en la peor posición de la UE respecto a este último asunto. El 16,7% de los hogares con niños no puede mantener una temperatura adecuada durante el invierno.

El sonido de las gotas de agua que vierten del calentador de Belén ya es familiar en su casa, pero no lo puede arreglar, al igual que las ventanas del piso, construido en 1960, que son de madera y no tienen persianas. “Pasamos mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Nos abrigamos más para estar en casa que para salir a la calle”, asegura. Encendió la calefacción una vez cuando uno de sus hijos estaba enfermo y tuvo que ser ayudada por Cruz Roja para pagar la factura correspondiente. La entidad también le ha proporcionado unas gafas que necesitaba, ropa para los niños, comida, mantas y edredones.

El responsable de Infancia de Unicef España, Gabriel González-Bueno, explica que “las tasas más altas de retrasos en pagos relacionados con la vivienda se concentran en los hogares con niños. La sobrecarga en el gasto de la vivienda es mayor para los menores de 18 años, cosa que solo ocurre en seis países de la UE y nos sitúa en cuarta posición detrás de Grecia, Luxemburgo y Bulgaria”.

Los hogares con menos ingresos destinan un 42% de su presupuesto a facturas relacionadas con el hogar, según la Fundación Foessa, y un 11,5% de los menores españoles vive en una casa con sobrecarga de gastos. Los retrasos en los pagos relacionados con la vivienda afectan mucho más a aquellas familias donde solo reside un adulto, que en el 80% de los casos es una mujer. Casi uno de cada cuatro de estos hogares se demora en los pagos, frente al 7,9% de todas las familias con hijos. España casi duplica a la media de la UE en el retraso en las facturas y, dependiendo de la comunidad autónoma, los problemas son más o menos graves porque los gastos son diferentes. Canarias y Baleares triplican las tasas de Galicia, La Rioja o Cantabria.

Ante esta situación, los casos de hacinamiento en hogares compartidos pueden aumentar. Según Unicef, el estrés de los menores radica también en la convivencia entre familias distintas que comparten pisos pequeños, a menudo con un solo baño, como es el caso del piso de Manuela. Además, la ONG advierte de que “la falta de intimidad y de espacio para los niños, y especialmente las niñas, puede ocasionar riesgos de violencia y abuso”. También la ausencia de un lugar adecuado para el estudio, con un mínimo de tranquilidad, compromete el desarrollo escolar y personal infantil presente y futuro.

Manuela, madre de una niña de 10 años en situación de vulnerabilidad, con nombre ficticio para proteger a su familia, el 5 de marzo en Madrid.
Manuela, madre de una niña de 10 años en situación de vulnerabilidad, con nombre ficticio para proteger a su familia, el 5 de marzo en Madrid.Álvaro García

Manuela cuenta que mantienen una buena relación con los compañeros de piso y que su hija dispone de una mesa en el salón para realizar las tareas escolares con calma. Recibe refuerzo académico por parte de Cruz Roja. El hijo de Maylén, ingeniera civil venezolana de 33 años, también hace los deberes en la sala de estar. Los dos viven en un piso compartido con otras cuatro personas desde hace unos meses, cuando llegaron a Madrid. Maylén tiene un gasto mensual total aproximado de 600 euros, pero solo la habitación le cuesta 400. “Mi truco es tejer una red de contactos en el vecindario para conseguir trabajos esporádicos hasta que regularice mi situación. Soy camarera, limpiadora, cuidadora de niños y ancianos…”, cuenta con una actitud muy positiva. Reconoce que tiene un colchón económico para un tiempo limitado y su hermano, que vive en Estados Unidos, le ayuda en lo que puede, al igual que Cáritas y Cruz Roja.

“Si las familias dedican mucho porcentaje de dinero a la vivienda, un bien de primera necesidad, los menores se ven privados de otros derechos”, advierte González-Bueno. La ONG de infancia Educo denuncia que 2023 fue el año en el que más niños tuvieron dificultades para comer carne, pescado, pollo o proteínas similares cada dos días desde 2004.

“Los niños en el comedor escolar, financiado temporalmente por servicios sociales y la Comunidad de Madrid, tienen una dieta variada, pero en casa no. Intento sacar las proteínas por otro lado, mezclando lentejas con arroz”, cuenta Belén. “Mi madre se preocupa mucho de llenarnos el frutero, el pescado ni lo vemos y la carne que probamos es el pollo”, añade. La hija de Manuela no va al comedor. “Mantiene una alimentación equilibrada cuando se puede, tratamos de darle lo mejor”, explica. La mayor preocupación de Maylén es la nutrición de su niño, considera que en este aspecto no tiene carencias: “Primero come él y después si puedo, yo”.

González-Bueno explica que los niños tienen mayor riesgo de caer en la pobreza, pero no se benefician de las mejoras económicas en un contexto de repunte de empleo. Por ello, entre numerosas reclamaciones, pide mayor protección social y vivienda pública, así como la inclusión de los menores en las políticas en este ámbito. También reclama el empadronamiento libre de obstáculos. La exclusión residencial o la migración también pueden tener efectos sobre la salud física y mental de los más pequeños. “Cuando llegamos a España, mi hija tuvo que ir al psicólogo, financiado por la sanidad pública, porque no quería ir a la escuela ni hacer nada. Ahora está mucho mejor”, cuenta entre lágrimas Manuela.

Belén toca la madera de la mesa sobre la que está apoyada: “Mis niños de momento están muy sanos”. Le entristece pensar que puedan ser conscientes de la situación: “Me he hecho experta en conseguir planes gratis en Madrid. Mi hijo no pudo festejar su cumpleaños con sus compañeros de clase porque los que cumplen en invierno lo celebran juntos en un parque de bolas que no puedo pagar. Son los únicos del colegio que no hacen siete extraescolares. Las otras madres ya saben que somos la familia pobrecita”.

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