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Dic
El pasado marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y desde entonces se discute quién tiene que pagar su puesta en marcha. En la actualidad el gasto público en universidades está altamente descentralizado ―el 87,7% sale de las arcas de las comunidades autónomas―, y el Gobierno central confía en que estas se impliquen en la aplicación de la norma, pero el interés político es muy dispar. Quizás por eso, la conferencia de rectores (CRUE), preocupada de no recibir un euro más, ha emitido un estudio, Financiación pública en la Ley Orgánica del…
