Entendiendo los conflictos que duran años

Qué entendemos por conflictos “congelados”

Un conflicto se considera “congelado” cuando la violencia abierta se detiene o disminuye de forma notable, pero aún no se alcanza una salida política consensuada que permita recuperar la normalidad institucional y el dominio del territorio. El conflicto permanece activo en segundo plano: límites sin reconocimiento oficial, fuerzas desplegadas en la línea de contacto, poblaciones desplazadas y una calma precaria que puede romperse en cualquier instante.

Mecanismos que generan y sostienen la congelación

• Estancamiento militar: tras combates intensos, las fuerzas contendientes terminan consolidando una línea de frente fija, y un alto el fuego frena cualquier triunfo concluyente, transformando esa franja en un statu quo defensivo.
• Patrocinio externo: potencias regionales o globales respaldan a actores locales mediante apoyo político, económico o militar, lo que les ofrece una seguridad y una legitimidad de facto sin obtener reconocimiento internacional.
• Dilema entre integridad territorial y autodeterminación: la tensión entre principios jurídicos contrapuestos —la soberanía estatal frente al derecho a la autodeterminación— dificulta las negociaciones y atrae a actores internacionales con posturas divergentes.
• Miedo a costos políticos domésticos: los dirigentes optan por evitar concesiones que sus electorados o élites podrían interpretar como una traición, dado que la paz implicaría cesiones territoriales o reformas constitucionales poco populares.
• Beneficios para élites locales: en torno al statu quo surgen redes económicas y políticas —mercados negros, controles fronterizos, burocracias paralelas— que rechazan una solución porque perderían poder e ingresos.
• Operaciones de mantenimiento que estabilizan sin resolver: misiones de paz, fuerzas de ocupación o zonas de amortiguamiento disminuyen la violencia inmediata pero no enfrentan los factores que originaron el conflicto.
• Daños demográficos y limpieza étnica: los desplazamientos masivos y las alteraciones poblacionales dificultan los retornos y la reintegración, consolidando hechos consumados sobre el terreno.
• Coste económico de la resolución: la reconstrucción, las compensaciones, la devolución de propiedades y la justicia transicional requieren recursos y voluntad política que a menudo resultan insuficientes.
• Intereses geoestratégicos: un conflicto congelado puede emplearse como instrumento de presión regional o como espacio de influencia para una potencia externa.

Casos ilustrativos

• Corea: desde el armisticio de 1953 hay una frontera militarizada (la zona desmilitarizada). No existe tratado de paz y la península permanece dividida con presencia militar extranjera y rivalidades estratégicas que hacen costosa cualquier normalización.
• Chipre: tras la intervención turca de 1974 quedó una división norte-sur con una franja de seguridad administrada por la ONU. La creación de un estado no reconocido en el norte y la polarización política han mantenido la situación sin solución definitiva.
• Transnistria (Moldavia): después de enfrentamientos en 1992 se alcanzó un alto el fuego. La región funciona como entidad de facto con apoyo geopolítico y presencia de fuerzas que sostienen la separación.
• Abjasia y Osetia del Sur (Georgia): guerras en los años noventa y la guerra de 2008 condujeron a la creación de entidades separadas con reconocimiento limitado y presencia militar extranjera, cristalizando una separación de facto.
• Nagorno-Karabaj (región de alto riesgo): tras un conflicto y un alto el fuego en 1994 se mantuvo como zona congelada hasta las hostilidades de 2020 y los cambios posteriores, lo que muestra que la congelación puede romperse brusca y violentamente.
• Sáhara Occidental: enfrentamiento entre Marruecos y el Frente Polisario que tras acuerdos de cese de hostilidades y la presencia de una misión de la ONU entró en un estatus prolongado de incertidumbre desde 1991, con procesos de legitimidad y recurso a patrocinadores externos.
• Kashmir: la Línea de Control entre India y Pakistán ha funcionado como frontera de facto tras varios conflictos, con violencia intermitente y una situación de estancamiento político duradero.

Impactos sociales, económicos y humanitarios

• Desplazamiento y vulnerabilidad: generaciones crecen en estados de limbo, con derechos limitados y mercados laborales frágiles.
• Economía cerrada y dependencia: las regiones separadas desarrollan economías informales o dependen de la potencia patrona.
• Normalización de la militarización: gasto militar alto, infraestructuras defensivas y una cultura política orientada a la amenaza permanente.
• Obstáculos a la integración regional: cadenas comerciales y proyectos de cooperación se limitan por las disputas no resueltas.
• Riesgo latente de reescalada: cualquier choque local, cambio político o intervención externa puede convertir la congelación en conflicto abierto.

Por qué las soluciones son tan difíciles

• Choque de legitimidades: un acuerdo debe satisfacer tanto la necesidad de soberanía como las demandas de reconocimiento y seguridad de minorías; muchas fórmulas intermedias no resultan convincentes.
• Incentivos perversos: para algunos actores, la permanencia del conflicto genera beneficios políticos o económicos mayores que los ofrecidos por una paz acordada.
• Falta de confianza: décadas de enfrentamiento minan la posibilidad de pactos duraderos sin garantías externas muy fuertes.
• Rivalidad internacional: potencias que compiten regionalmente pueden preferir mantener conflictos congelados como palancas de influencia.
• Imposición externa limitada: las soluciones impuestas por la fuerza suelen ser costosas y arriesgadas; la comunidad internacional suele optar por estabilidad inmediata antes que resolución integral.

Formas de destrabar escenarios estancados

• Mecanismos graduales: acuerdos por fases que incluyen ceses de hostilidades, intercambio de prisioneros, apertura de pasos y confianza económica antes de abordar estatus final.
• Garantías internacionales: presencia verificable de terceros, acuerdos de seguridad y mecanismos de arbitraje que reduzcan el miedo a incumplimientos.
• Soluciones creativas para estatus: modelos de autonomía amplia, confederalismo o fórmulas mixtas que equilibren integridad territorial y autogobierno.
• Incentivos económicos: paquetes de reconstrucción, acceso a mercados y proyectos de cooperación que hagan políticamente rentable la paz.
• Justicia transicional: procesos de verdad, reparaciones y medidas de reconciliación que atiendan las heridas sociales sin bloquear la negociación política.
• Participación local: integrar a la sociedad civil, minorías y actores económicos en el diseño de acuerdos para garantizar viabilidad y sostenibilidad.

Los conflictos congelados no son meras hostilidades en pausa, sino dinámicas políticas y sociales arraigadas en la región, donde la frontera entre estabilidad y vulnerabilidad se mantiene delicada. Su continuidad responde a una mezcla de intereses militares, cálculos geopolíticos, presiones económicas y dimensiones emocionales; cualquier vía para resolverlos requiere asumir esa complejidad, coordinar incentivos tanto internos como externos y generar garantías creíbles que planteen una alternativa viable al statu quo. La experiencia histórica evidencia que estas congelaciones pueden prolongarse por décadas, variar con el tiempo o volver a estallar, y que alcanzar una paz estable implica algo más que rondas de diálogo: demanda voluntad política constante, transformaciones profundas y un compromiso genuino con la reparación y la inclusión.