Sanidad choca contra las comunidades del PP para aprobar su nuevo plan antitabaco | Sociedad

El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que pretende, entre otras cosas, ampliar los espacios libres de humo y subir los impuestos al tabaco, va a seguir adelante “aunque el PP no apoye”. Con esta contundencia se ha manifestado este jueves en la red social X el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. El ministerio tiene previsto informar el viernes a las comunidades sobre su aprobación en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que no lo someterá a votación. En su lugar, ha pedido a las autonomías que decidan este jueves, hasta las 13.00, si se adhieren o no.

La mayoría de las comunidades todavía no han mostrado una posición oficial, pero algunas (sobre todo las populares, pero también alguna socialista, como Navarra) han mostrado reticencias ante el plan. Cuando el ministerio presentó el 14 de marzo esa primera versión ante la Comisión de Salud Pública, formada por los directores generales de esta área de las consejerías, le pidieron tiempo para estudiar el documento.

En la siguiente reunión de este comité, que se celebró el miércoles, Sanidad aceptó 147 de las 157 enmiendas que presentaron. Pero tampoco hubo votación para aprobar el documento, según se quejan fuentes de algunas autonomías gobernadas por el PP. “El ministerio mandó otro borrador para la reunión del miércoles y planteó que no se vota, sino que las comunidades pueden adherirse o no y dio otro plazo de 24 horas para hoy. Existen dudas de que la fórmula empleada sea adecuada”, explican desde una consejería popular.

El ministerio ha dado por buena esa versión del documento, que será, previsiblemente, la que se acabe aprobando, y que servirá como hoja de ruta sobre las normativas tabáquicas con cinco grandes objetivos: prevenir el inicio del consumo de tabaco y de productos relacionados, fomentar el abandono del tabaquismo y facilitar la ayuda para dejar de fumar, reducir la exposición ambiental a las emisiones de tabaco y productos relacionados, promover la investigación aplicada y la monitorización en el control del tabaquismo y potenciar la coordinación y el establecimiento de alianzas.

Esta estrategia, en teoría, dará lugar a la mencionada subida de impuestos, que se tendrá que pactar con Hacienda, o a una restricción de los lugares donde se puede fumar, como pueden ser las terrazas, siempre que el Congreso apruebe una ley al respecto. Esto se hará, como dice Padilla, con o sin el concurso de las comunidades del PP.

El secretario de Estado ha desgranado en X cuáles son las principales alegaciones de las comunidades reacias a suscribir el plan, dando respuesta a cada una de ellas:

“Se ha hecho muy rápido y no hemos tenido tiempo para valorar el plan”, es una de las alegaciones. A esto, Padilla contesta que se lleva años trabajando y que ha habido 15 días para hacer alegaciones, de las que se han incorporado la gran mayoría.

“No tiene memoria económica”, es otra queja. El secretario de Estado asegura que los asesores del ministerio no lo consideraron necesario, y que los grandes planes integrales que han pasado por el consejo interterritorial tampoco la tenían y aun así se aprobaron.

“La medida del empaquetado genérico no tiene bibliografía”, prosiguen algunas comunidades al referirse a una de las propuestas del plan: que las marcas no aparezcan destacadas en las cajetillas de tabaco, y que todas tengan una apariencia similar, algo que ha demostrado bajar las ventas en otros países, como Australia. En la bibliografía del plan hay un apartado con 20 referencias.

Las comunidades reacias también arguyen que “si se suben los impuestos al tabaco, tienen que ser finalistas”. Padilla contrargumenta que los impuestos finalistas al tabaco tienen “un dudoso” encaje en el ordenamiento jurídico español y que Sanidad espera que el aumento fiscal suponga una disminución de la recaudación por su impacto en el consumo.

Otra crítica apunta a que “los espacios libres de humos, como las terrazas, tienen que ser voluntarios y tener incentivos fiscales”. Aunque el plan no menciona las terrazas, sí que habla de ampliar espacios libres de humo. Padilla argumenta que hacerlo ya es voluntario y no funciona. “Cuando no hay motivos que se puedan hacer públicos para oponerse a medidas de sentido común, uno se agarra a aspectos formales. Esta semana quedará para decidir quién, una vez más, se sitúa en un lugar en el que los años mostrarán que no tenía sentido estar”, concluye el secretario de Estado.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con todas las comunidades autónomas para recabar su postura ante al plan. La mayoría no ha dado todavía una respuesta. Sí lo ha hecho Aragón (PP-Vox), que no se adherirá al plan por su “falta de concreción”, entre otras cuestiones. Nuria Gayán, su directora general de Salud Pública, ha mostrado su preocupación por la actitud de Sanidad por aprobar sin consenso y con “precipitación” una norma de esta “importancia”. “Un plan sin dotación económica y sin calendario de ejecución nos parece flojo. Y tampoco nos parece bien que no se hayan tenido en cuenta las estrategias basadas en autorregulación de la voluntariedad de crear espacios libres de humo con un distintivo, que van creando conciencia, que tienen resultados positivos en algunas comunidades. Tampoco se dice cuáles son los espacios libres de humo, el ministerio dice que ya lo dirá después, y no sabemos a qué se refiere: si campus universitarios, espacios deportivos, terrazas de hostelería…”, ha explicado.

Sí se adherirá Navarra (PSOE), pero con “todas las cautelas”. Su consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha justificado esto porque, aunque están “de acuerdo con los aspectos generales, falta información”. “No sabemos qué implica la adhesión total o parcial, no hemos tenido tiempo de valorar el texto con todas las aportaciones y tampoco sabemos a dónde puede llevarnos en la legislación de los espacios sin humo”, ha declarado.

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