Vie. May 24th, 2024

La lucha de los familiares de los mayores que murieron en las residencias durante la pandemia sigue viva cuatro años después. Cinco mujeres lo atestiguan, tres de ellas son hijas de víctimas. Están frente al Congreso de los Diputados. Cinco para representar a 7.291, la cifra de quienes fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid sin haber sido derivados a los hospitales, en marzo y abril de 2020, los meses más crudos de la primera ola. No solo murieron por la epidemia, sino por cualquier causa, pero sin la atención médica adecuada, recalcan. Esa es la cifra que se lee en la chapa que llevan en sus abrigos. Entre marzo y junio, cerca de 20.000 ancianos que vivían en estos centros fallecieron con covid o con síntomas compatibles en todo el país. También les representan a ellos. Porque estas mujeres, integrantes de las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, han acudido a la Cámara baja para volver a pedir que se cree una comisión de investigación que arroje luz sobre lo sucedido en las residencias en aquella época, cuando se convirtieron en los grandes focos del virus. Y para registrar el informe que elaboró una comisión ciudadana y que concluyó que en Madrid podrían haberse evitado 4.000 muertes.

“No paramos y no vamos a parar”, cuenta Carmen López. Esta mujer de 64 años perdió a su madre, que vivía en una residencia madrileña, en mayo de 2020. “Pasó tres días agonizando [en el centro]. Finalmente, conseguí que la derivaran al hospital atendiendo al criterio clínico de si caminaba o no. La doctora se equivocó y dijo que sí caminaba”, relata. Se refiere a los protocolos aprobados en marzo de 2020 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que restringían la derivación hospitalaria de personas con gran dependencia o discapacidad. “Pero murió por esos protocolos. Si la hubieran derivado al principio…”, deja la frase en el aire.

López lleva en la mano un documento con el informe elaborado por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, formada por familiares, juristas y expertos sanitarios, y que se constituyó ante la negativa de la Asamblea madrileña de retomar una comisión de investigación sobre el tema. Las conclusiones de este grupo fueron tajantes y desmintieron una frase de la presidenta que la Comunidad de Madrid pronunció el pasado febrero y que se clavó en el pecho de quienes perdieron a un ser querido aquellos días: “Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”.

“Duele, duele mucho. Pero a la vez, ella misma con esas palabras reabre las heridas de los familiares y de la sociedad sensibilizada y está dando más visibilidad a nuestra lucha”, explica López. Estos días, integrantes de las dos plataformas ya citadas, formadas por familiares, trabajadores y residentes, han entregado el informe a la Fiscalía de Madrid, a la Fiscalía General del Estado. Este miércoles, las plataformas no han convocado ninguna concentración, a diferencia de otros actos de estas últimas semanas, que sí han sido concurridos. Pero estas cinco integrantes se han acercado al Congreso para presentar en el registro una copia de este estudio para cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios, y también para la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. “No hemos cerrado ese duelo, no lo vamos a cerrar mientras no haya justicia. Nosotros sabemos la verdad, pero mientras no se reconozca de manera social y se diga abiertamente lo que ha pasado en las residencias no vamos a parar, porque no podemos dejarlo estar”, dice López. “Queremos que lean el informe y que se inicie una comisión de investigación para analizar las decisiones tomadas en cada comunidad autónoma y sus consecuencias. Es fundamental analizar los errores cometidos, que han derivado en unas consecuencias trágicas, porque si no se analiza, puede volver a ocurrir”, añade.

Cuatro años después de aquella primera ola no ha habido ninguna comisión de investigación a nivel nacional, pese a que el virus golpeó fuertemente a las residencias de mayores y tanto los trabajadores, como los familiares e incluso las patronales del sector reconocieron que en las comunidades autónomas cuyos servicios sanitarios estaban más saturados se restringió la derivación de mayores a los hospitales. Y, de forma oficial, tan solo ha habido un grupo de trabajo que, a puerta cerrada, analizó en el Parlament de Cataluña lo ocurrido en esta comunidad, cuyo informe apuntó a deficiencias en el sistema, pero evitó señalar culpables y cuyas conclusiones causaron decepción entre las asociaciones de familiares catalanas. Nada más. Tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León llegaron a abrirse comisiones de investigación, pero decayeron con el adelanto electoral en ambas autonomías y, una vez constituidos los nuevos Gobiernos autonómicos, se rechazó retomarlas. Esto, en cuanto a la rendición de cuentas en el ámbito político. En el judicial, las causas avanzan muy despacio, y muchas han sido archivadas.

María Jesús Valero, de 69 años, se define como “familiar de un padre que dejaron morir por los protocolos del Gobierno Ayuso”. En el certificado de defunción constaba, en un margen: posible covid. “Yo prometí a mi padre que seguiría hasta el final, y en ello estoy. Pero creo que tenemos que dar un salto a la sociedad, porque todavía sigue desconociéndose mucho este tema. ¿Qué pretendemos? Luchar por lo que ocurrió, pero yo ahora mismo también estoy en lo que está ocurriendo”, afirma. “Los cuidados indignos, con falta de personal, con recortes presupuestarios”, continúa. Irene Rodríguez, a punto de cumplir los 65, quiere “que la sociedad reaccione”. Cuenta que a su madre, que tenía principio de Alzhéimer, “la pandemia se la llevó por delante”. “Cuando la vi, tres meses después, ni la reconocía. Era hueso y piel”, dice. “La derivaron al hospital y pude verla. Su última frase, que se me quedó grabada, porque no me dejaron estar más con ella, fue: ‘No te vayas”. Así que falleció sola. “Con sospecha de covid”, asegura. Era julio de 2020.

Junto a estas tres mujeres están Carmen Ruiz, de 68 años, y Teresa Alvarado, de 79. Ellas no son familiares, sino ciudadanas que decidieron involucrarse en la causa. El objetivo es luchar contra la “injusticia”, dice la segunda. La primera expone: “La ciudadanía tiene la obligación moral de saber lo que ocurrió, de saber la verdad”. Son cinco mujeres para representar a 7.921 fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid sin haber sido derivados al hospital en marzo y abril de 2020. O a los 9.470 residentes que murieron en esta autonomía esos mismos meses, si se cuenta a quienes sí fueron trasladados a centros sanitarios. O a los cerca de 20.000 que fallecieron entre marzo y junio en todo el país, con covid o síntomas compatibles.

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