Mié. Feb 21st, 2024

La Eurocámara y el Consejo de la UE (los Estados miembros) han alcanzado este lunes un acuerdo provisional para actualizar la normativa sobre recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas por la que, en su actual versión, Bruselas impuso a España la multa más alta de su historia y la ha vuelto a llevar al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) por repetido incumplimiento. El acuerdo, que todavía debe ser ratificado por las dos partes, busca extender la vigencia de la normativa a las aglomeraciones desde los 1.000 habitantes (hasta ahora era a partir de 2.000) para 2035.

“La UE ha acordado dar pasos proactivos para tener unas aguas residuales urbanas más limpias y proteger así a sus ciudadanos de vertidos dañinos, incluidos residuos farmacéuticos y cosméticos que acaban en nuestras aguas. Esto va a hacer que nuestra agua sea más limpia y protegerá nuestra salud”, ha celebrado el acuerdo el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius. El acuerdo permitirá renovar la directiva de 1991, lo que, según la Comisión Europea, también favorecerá “ríos, lagos, aguas subterráneas y mares más limpios en toda Europa”.

Los negociadores acordaron que la obligación de aplicar un tratamiento secundario (la eliminación de materia biodegradable orgánica) a las aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio ambiente se imponga a todas las aglomeraciones de 1.000 habitantes o más para 2035, según ha destacado la Eurocámara. Cuatro años más tarde, los Veintisiete deberán además garantizar un tratamiento terciario (eliminación de nitrógeno y fósforo) en todas las plantas que cubran poblaciones de 150.000 habitantes o más y, para 2045, las de 10.000 habitantes, fecha para la cual además estas aglomeraciones deberán aplicar un tratamiento cuaternario de manera obligatoria para eliminar un “amplio espectro de micro-contaminantes”.

Entre otros, la directiva ampliada aplicará también en este sector por primera vez el principio de “quien contamina, paga” para asegurarse de que el coste de la protección adicional acordada esté cubierta parcialmente por la industria responsable y no por los contribuyentes. Concretamente, las industrias más contaminantes, la farmacéutica y la de cosméticos, deberán pagar al menos el 80% del coste de la limpieza de micro-contaminantes, el denominado tratamiento cuaternario.

Además, señala la Comisión, hará que el sector de aguas residuales avance hacia la “neutralidad energética y climática” y mejorará la gestión de aguas pluviales, una cuestión “que será cada vez más importante en vista del incremento de las lluvias debido al cambio climático”, señala.

De igual modo, celebra Bruselas, el nuevo texto legal garantizará el acceso a instalaciones sanitarias en espacios públicos para dos millones de las personas “más vulnerables y marginadas” de la UE. “El agua limpia y acceso sanitario es un derecho, no un lujo”, ha subrayado al respecto Sinkevicius. Con la nueva ley se fortalecerá asimismo el seguimiento de distintos parámetros de salud pública, como el SARS-CoV-2 y sus variantes, así como los contaminantes por microplásticos y por químicos como las sustancias polifluoraluiladas o PFAS, los denominados “químicos eternos”, recuerda Efe.

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Sanciones a España

El reiterado incumplimiento de la actual directiva ha supuesto en los últimos años un quebradero de cabeza para España. Además de haber llevado a Bruselas a imponerle al país la multa más grande desde su ingreso en el club comunitario —casi 11 millones de euros cada seis meses desde 2018—, el pasado 21 de diciembre la Comisión denunció a España ante el TJUE por “incumplimiento generalizado” de la legislación de aguas residuales.

Según Bruselas, en el caso de 29 aglomeraciones, España sigue teniendo que garantizar que disponen de sistemas colectores de aguas residuales y que, cuando esté justificado el uso de sistemas individuales u otros sistemas adecuados, se alcance el mismo nivel de protección medioambiental que con un sistema colector. Además, en otras 225 aglomeraciones, España sigue sin ofrecer el grado de tratamiento exigido a toda la carga contaminante de las aglomeraciones o no ofrece los resultados de tratamiento necesarios en lo que respecta a los vertidos después del tratamiento.

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