Mar. May 21st, 2024

Antes de disolver la Cámara entre aplausos, despedidas, abrazos y hasta selfis, la última normativa que aprobaron este jueves los eurodiputados en Estrasburgo, en su último pleno de esta legislatura, fue la de la Ley para una Industria Cero Emisiones Netas (NZIA, por sus siglas en inglés). Una legislación europea para impulsar industrias estratégicas limpias que resume, en gran medida, las principales preocupaciones —y disputas— de este mandato que ahora acaba y que marcarán también el que comience tras las elecciones europeas de junio: cómo seguir impulsando la competitividad europea y, a la par, la necesaria transición verde, en medio de crecientes cuestionamientos al Pacto Verde europeo por parte de la ultraderecha negacionista y un sector de la derecha tradicional.

La sensación de ahora o nunca que imprimen las elecciones europeas de junio, donde se teme un refuerzo de la extrema derecha que no duda en calificar de bulo el cambio climático y de “estúpidas” las leyes para combatirlo (así lo hicieron en Estrasburgo algunos eurodiputados ultras esta misma semana), aceleraron la negociación de múltiples leyes europeas los pasados meses, en buena parte proyectos medioambientales.

A costa, lamentan no pocos observadores, de haber hecho más concesiones de lo habitual que rebajan la ambición de estas normativas, como ha sucedido con la ley europea que busca obligar a las grandes empresas a velar mejor por el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro. El texto final de la denominada Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) que la Eurocámara ha validado esta semana acabará afectando a muchas menos empresas de las inicialmente previstas y su impacto también será menor en sectores especialmente sensibles a violaciones medioambientales o en materia de explotación infantil como son el textil, la minería, la agricultura (incluida la pesca y la explotación forestal) o la construcción. Unas concesiones que tuvieron que aceptar los eurodiputados ante la negativa de los Estados a aprobar el texto originalmente acordado con ellos, que era más ambicioso, algo que ha sucedido en varias normativas medioambientales en este tramo final de mandato en el que también han quedado aparcadas leyes como la que buscaba reducir el uso de pesticidas.

En cualquier caso, además de la ley de cero emisiones y la CSDDD, solo en este último pleno de Estrasburgo, los eurodiputados han dado su visto bueno final (a la espera de la ratificación definitiva de los Estados) a media docena de normativas que buscan reducir o mitigar el cambio climático. Entre las medidas que recibieron estos días maratonianos la aprobación legislativa está también la directiva sobre el “derecho a reparar”, que obliga a los fabricantes a facilitar la reparación de electrodomésticos como lavadoras o aspiradores en vez de forzar la compra de productos nuevos, lo que impulsa la economía circular y permitirá un significativo ahorro en los consumidores.

Los eurodiputados avalaron también —de manera más ajustada que la directiva anterior— las nuevas medidas para mejorar la calidad del aire en la UE, que permitirán reducir a la mitad los principales contaminantes del aire para 2030. “El aire limpio no es solo un lujo, es un derecho que vamos a garantizar”, celebró el ponente de la normativa, el socialista Javi López. De igual manera, dieron su visto bueno final a uno de los reglamentos que más presión de los lobbies han sufrido en los últimos años, las nuevas normas para reducir, reutilizar y reciclar los envases que implicarán la prohibición, a partir de 2030, de productos como envases de frutas y verduras frescas sin procesar, alimentos y bebidas que se consuman en cafeterías y restaurantes o envases pequeños para productos de higiene personal, como los botes de champú de los hoteles, así como los sobres individuales de condimentos o salsas.

Muestra del difícil equilibrio ante los crecientes cuestionamientos al Pacto Verde europeo es la aprobación, también durante este pleno, de la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) para rebajar requisitos medioambientales y conceder amplias exenciones a su cumplimiento. Unos cambios realizados ante el miedo al impacto electoral de las protestas de agricultores que se multiplicaron por toda Europa en los últimos meses, cuyo descontento han tratado de capitalizar las fuerzas más ultras (y las no tan ultras) en toda la UE. La aprobación parlamentaria, condenó Greenpeace, “destruye los últimos restos de credibilidad de que la política agrícola de la UE protege el medio ambiente y el interés público”.

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En el limbo está aún una pieza clave del Pacto Verde, la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), que busca proteger la biodiversidad, que se ha convertido en uno de los símbolos de la polarización y politización de las medidas medioambientales que se ha vivido en la UE desde hace al menos un año. Paradójicamente, la LRN que salió de la difícil tramitación en la Eurocámara, entre tremendos sobresaltos (y fuertes concesiones también), está ahora de nuevo pendiente de un hilo a nivel de Estados, ante la falta de votos suficientes para darle su ratificación definitiva.

Lo que está en juego con la lucha europea contra el cambio climático, si los peores pronósticos se cumplen y la extrema derecha logra suficiente fuerza en las elecciones europeas de junio, lo escenificó Jorge Buxadé en Estrasburgo el miércoles: el eurodiputado de Vox, a la par que prometía acabar con la agenda de transición medioambiental de la UE, arrugó demostrativamente sendos folios con los logos del Pacto Verde europeo y la Agenda 2030.

“Ustedes son un meme. Por supuesto que vamos a derogar su Pacto Verde y por supuesto que vamos a borrar de la historia su diabólica Agenda 2030″, prometió el diputado ultra durante un debate sobre “El ataque contra el medio ambiente y la naturaleza: los intentos de la extrema derecha y los conservadores por destruir el Pacto Verde y evitar las inversiones en nuestro futuro”.

“Ha quedado claro que el negacionismo existe y que es muy fuerte. Dependerá de la gente entre el 6 y el 9 de junio que no sea mayoritario en esta cámara”, advirtió al término de la hora de discusión el impulsor de la Ley de Restauración de la Naturaleza, el socialista César Luena.

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