Vincent Fredon, francés de 41 años, conduce cada día un coche eléctrico desde Cornil, un pequeño pueblo de unos 1.500 habitantes en el centro de Francia, hasta su trabajo, a unos 30 kilómetros. No ha tenido que invertir miles de euros en comprarlo, sino que paga solo 76 euros al mes. Tanto él como su mujer, Mélanie, son dos de los 50.000 beneficiarios del programa de renting social impulsado por el Gobierno francés, que facilita estos vehículos a ciudadanos con rentas medias y bajas que se comprometen a alquilarlos durante al menos tres años por una cuota mensual que ronda los 100 euros —algo más para los modelos grandes—. La iniciativa ha tenido tanto éxito que se ha agotado en menos de un mes. Varias entidades han propuesto un plan similar para España y el Gobierno confirma que lo está estudiando.
“Mi esposa y yo nos apuntamos al programa de leasing [arrendamiento] social porque nuestros recorridos diarios y la distancia que recorremos todos los días para ir al trabajo se adaptan perfectamente al uso de un vehículo eléctrico, unos 60 kilómetros de ida y vuelta”, explica Fredon. “Sin esta ayuda, no hubiéramos dado el paso de comprar o alquilar un vehículo cero emisiones, porque los nuevos son muy caros y casi no hay de segunda mano. Económicamente, es muy interesante programar las cargas durante las horas de menor consumo en casa, sobre todo cuando el precio del diésel ronda los 1,75 euros por litro”, añade.
En su caso, paga 76 euros mensuales por un Renault Twingo e-tech —las rentas arrancaban en 40 euros, pero añadió mantenimiento y seguro—, mientras que su mujer abona 176 euros por un Renault Mégane E-tech, más grande —todos los modelos son de fabricación europea y de un máximo de 47.000 euros—. Ambos cumplen el requisito exigido en el programa de trabajar a más de 15 kilómetros de su casa y se comprometen a pagar durante al menos tres años —si hacen más de 12.000 kilómetros anuales hay un suplemento—.
Al final, podrán elegir entre adquirir los vehículos con una rebaja o dejarlos, con lo que pasarían al mercado de segunda mano —una de las carencias de la movilidad eléctrica—. “Se supone que, con las ayudas del Estado, el precio de compra será alrededor del 40% de lo que vale el coche nuevo, así que ahora mismo sí estamos considerando comprarlos al finalizar el leasing de 37 meses y 37.500 kilómetros”. El plan estatal tenía previsto ofrecer 25.000 vehículos, pero ante el aluvión de peticiones —unas 90.000— doblaron el número de coches disponibles y cerraron la convocatoria en solo un mes. Ya han anunciado que volverá el año que viene.
“El programa fue un compromiso del presidente de la República, Emmanuel Macron, y Francia es el primer país en implementarlo. El objetivo de neutralidad de carbono para 2050 supone una revolución en el sector del transporte, que representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Francia, y la descarbonización de nuestra movilidad”, dice un portavoz del Ministerio de Transición Ecológica francés. “El Estado paga 13.000 euros por cada coche, además de 7.000 más para los hogares más modestos, lo que permite cuotas de 100 euros al mes, mucho más bajas que las del mercado, con las que se puede tener un vehículo respetuoso con el medio ambiente. Habrá otra convocatoria a finales de este año o principios de 2025″, añade.
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Una propuesta española
Las ONG Transport & Environment (T&E) y Ecodes han realizado una propuesta de leasing social al Gobierno español, basada en la francesa aunque con diferencias. “La iniciativa de Francia demuestra que hay interés por la movilidad eléctrica, pero el problema es el precio. Nuestra propuesta para España consistiría en coches de unos 20.000 euros, muy básicos, lo que sería un incentivo para los fabricantes y para los ciudadanos. Los particulares pagarían 90 euros al mes durante cuatro u ocho años, y la Administración se encargaría de aportar el resto de fondos. Podría articularse a través del Plan Moves”, explica Carlos Rico, de T&E. La entidad calcula que podrían sustituirse 39.000 vehículos de combustión en solo un año, ahorrando unas 50.000 toneladas de CO₂. “Hemos recibido la propuesta y la estamos estudiando”, responde un portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica.
La asociación de concesionarios Ganvam también ha hecho otra propuesta similar, en este caso al Ministerio de Industria —que no ha respondido a EL PAÍS—. “Hemos dedicado recursos del Estado para favorecer la movilidad eléctrica con el Plan Moves, que por ahora solo favorece a las rentas más pudientes, pero entendemos que debe dirigirse también a las rentas medias y bajas, y eso se puede conseguir con un renting social”, señala Fernando Miguélez, presidente de la entidad. “Además, el parque de vehículos español es muy viejo, unos 14,2 años de media, y una medida como esta haría que las economías menos pudientes se animaran a achatarrar sus coches viejos y cambiarse a un eléctrico”, prosigue.
Otro tanto ha hecho la Asociación Española del Renting de Vehículos (AER), que aglutina al 92% del mercado, con 908.000 vehículos, el 10% de ellos eléctricos o híbridos enchufables. “La cuota media del renting en España es de unos 430 euros al mes, y ahí podría entrar un eléctrico pequeño. Si se hiciera un programa como el francés, el usuario pagaría unos 100 euros y el Estado tendría que hacerse cargo de otros 200. El resto del ahorro sale de quitar los gastos de mantenimiento —hay un límite de kilometraje— y el seguro, que paga el arrendatario. En los coches familiares más grandes se permitiría una cuota mayor, igual que en Francia”, apunta José Martín Castro, presidente de AER.
Acelerar la llegada de coches sin emisiones
Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive —patronal ibérica de la movilidad eléctrica—, considera que un programa así “sirve para acelerar la adopción de coches sin emisiones entre los grupos de bajos ingresos, y demuestra su pertinencia, dada la popularidad que ha obtenido en Francia”. Se podría aplicar en España, aunque para ello haría falta “definir bien el grupo de población al que se dirige, bien por renta, bien porque se tenga que desplazar una serie de kilómetros, y la duración del contrato”. En su opinión, “sería interesante abrir la posibilidad de que un vehículo pasara de un hogar a otro con un arrendamiento social como forma de reducir la incertidumbre sobre el valor residual del coche después de los tres años del contrato”.
Coincide May López, directora de Empresas por la Movilidad Sostenible (EMS), quien cree que es “una muy buena iniciativa” con la que se alcanzan varios objetivos a la vez: “descarbonizar el transporte y mejorar la calidad del aire; poner foco en la eficiencia, al subvencionar principalmente vehículos pequeños y tener en cuenta el ciclo de vida; primar la industria local generando empleo y ayudar a las rentas bajas para que nadie se quede atrás”. Además, sería clave para generar un mercado de segunda mano de vehículo eléctrico que acercara en los próximos años la movilidad eléctrica a todo tipo de usuarios.
Isabel Büschell, de T&E, tercia: “El ejemplo francés nos enseña que un leasing social permite acercar los eléctricos a personas vulnerables que dependen del coche, pero no tienen poder adquisitivo para comprarlo o alquilarlo, y además acerca la movilidad limpia a zonas rurales y a las rentas más bajas”. Los expertos consultados coinciden en que este programa podría servir para aumentar rápidamente el exiguo 5% actual de ventas de los vehículos eléctricos puros sobre el total de coches que se venden para, al menos, acercarnos al 17% de nuestro vecino Portugal.
De vuelta en Francia, Vincent Fredon resume: “El leasing social es una buena solución de movilidad para las personas que viven en pueblos, siempre y cuando no tengan que realizar trayectos diarios demasiado largos y prefieran las carreteras nacionales a las autopistas, donde los coches eléctricos no siempre son ventajosos. También para quien necesita el coche para trabajar, pero no tiene los medios para usar eléctricos nuevos y fabricados en Europa. Se lo recomendaría sin dudarlo a cualquiera que se encuentre en esta situación”.
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