Mar. May 21st, 2024

Ecuador irrumpió el 5 de abril en la embajada mexicana en Quito para impedir la huida del exvicepresidente del país andino Jorge Glas. Fue un hecho extraordinario, dado que estaba acusado de dos cargos de corrupción, había recibido asilo político por parte del Gobierno de Andrés Manuel López, y aguardaba un salvoconducto para marchar. Esta es, en esencia, la línea argumental sostenida este miércoles por los representantes ecuatorianos ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) para justificar la entrada por la fuerza en una legación extranjera que, según los tratados internacionales, es inviolable. Ambos países han roto sus relaciones, y los jueces de esta corte deben decidir si dictan las medidas cautelares pedidas por México para proteger los bienes y archivos de la misión diplomática.

En su turno de alegaciones ante el TIJ, los representantes ecuatorianos han repetido dos cosas: que México puede sacar sin problemas lo que desee de su embajada, y que las circunstancias que llevaron a detener a Jorge Glas “ya no existen”. “No hay, por tanto, un caso que deba ser tenido en cuenta por el tribunal”, ha dicho Andrés Terán Parral, embajador de Ecuador en Países Bajos, sede del TIJ.

El exvicepresidente Glas fue sacado de la embajada mexicana en el curso de una operación policial que México califica de violación de la Convención de Viena de 1961. Es un acuerdo que regula las relaciones diplomáticas y fija la inmunidad de sus legaciones y personal. Para el Ejecutivo del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sin embargo, “México acogió a un delincuente que había sido condenado en dos ocasiones y tenía causas pendientes con la justicia por corrupción”, en palabras del propio Terán Parral. “México no cooperaba a pesar de reiterados intentos de diálogo y había que prevenir el abuso del asilo, la obstrucción del sistema judicial ecuatoriano y la interferencia en asuntos internos del país”, ha asegurado.

Andres Terán Parral
El embajador de Ecuador en Países Bajos, Andres Terán Parral, con Ana María Larrea, directora de asuntos internacionales y mediación del país andino, durante la audiencia contra su país, por una denuncia interpuesta por México, en el Tribunal Internacional de La Haya (Países Bajos).Remko de Waal (EFE)

Para centrar el caso, el jurista Alfredo Crosato ha explicado que en el momento del allanamiento de la embajada mexicana en Quito, “Glas acumulaba dos condenas firmes y tenía pendientes otros dos casos, por corrupción e intimidación”. En la calle desde 2022 por motivos de salud, “la Corte Constitucional ecuatoriana concluyó en febrero de 2024 que debía regresar a prisión, pero él se metió en la embajada mexicana”, ha recordado. De acuerdo con su alegato, todo el recorrido judicial de Glas “con sus procesos y condenas ha sido legal y ha tenido lugar mientras se sucedían cuatro gobiernos distintos en el poder”. “México no habló de persecución durante ese tiempo”, ha indicado. Al contrario, su embajada calificó al político “de huésped y guardó silencio cuando Ecuador pidió diálogo y entrar en la sede diplomática”. El 4 de abril, Quito declaró persona non grata al embajador mexicano. Al día siguiente, México le concedió asilo político a Glas. “La policía entra para evitar que este eluda a la justicia”, ha recalcado Crosato.

El 6 de abril, México protestó por lo ocurrido y cerró la embajada aduciendo la violación de la Convención de Viena por parte de Ecuador. Nada más lejos de la realidad, para el embajador Terán Parral: “Ecuador luchará contra la corrupción y la impunidad, está resuelta a resolver conflictos por la vía pacífica y este caso carece de base legal”, ha dicho ante los jueces.

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